COMUNICADO SOBRE JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Órgano Judicial, como piedra angular del Estado Constitucional de Derecho, es la primera institución llamada a luchar contra la corrupción. Es por ello, que en los casos de mega corrupción que hoy se investigan en el país -y principalmente el de Odebrecht- lo menos que se espera es un Órgano Judicial dispuesto a colaborar para que las investigaciones concluyan en debida forma y que las instituciones encargadas de investigar este tipo de delitos de alta complejidad dispongan del tiempo y de las autorizaciones para el acceso a información bancaria.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional les asignan compromisos a los Estados en la lucha contra estos flagelos, compromisos que también adquieren los poderes judiciales de cada país. Ambas convenciones hacen referencia a la cooperación nacional e internacional que debe existir para perseguir y juzgar estos delitos.
la Convención contra la Corrupción establece claramente en su articulo 3º que los poderes judiciales deben -de conformidad con su derecho interno- asegurarse de garantizar la comparecencia de los acusados durante todo el proceso, por lo que los jueces de la República deben revisar la necesidad o conveniencia de cada detención preventiva sin limitar la investigación. La Convención contra la corrupción también establece que debe existir cooperación entre los organismos nacionales encargados de investigar y enjuiciar estos delitos para lograr toda la información necesaria.
No entendernos como los jueces de la República de Panamá y los Tribunales de justicia se niegan colaborar para que se puedan realizar las investigaciones de cuentas bancarias de persona vinculadas a delitos graves de corrupción y blanqueo de capitales y tampoco entendemos cómo lo jueces de la República establecen términos estrictos a la investigación en el caso de ordenarse una detención, cuando se trata de procesos de alta complejidad con personas de gran poder adquisitivo que pueden evadirse de la acción de la justicia.
En estos momentos, varios procesos penales por mega corrupción han sido afectados por personas que siguen prófugas de la justicia, como lo son el caso del expresidente de la República y otros de su circulo cero. Los jueces de la República no pueden desconocer o darle la espalda a esta realidad que está afectando la investigación y enjuiciamientos de estos graves delitos.
En Panamá existe la Ley 121 del diciembre de 2013 sobre Crimen organizado y delitos complejos, que establece que ese limite puede ser mayor y que puede ser revisado cuantas veces sea necesario como lo contempla el artículo 8 de esta ley. Por lo tanto los jueces y magistrados no pueden tratar casos de tan alta complejidad fundamentándose en el Código Judicial donde se establece límite de dos meses luego de la detención provisional para concluir el sumario.
Es inaceptable que en la reciente decisión del juzgado duodécimo de circuito penal, en el caso Odebrecht, el juez no quiera extender el tiempo de una investigación aun a sabiendas que hubo una acumulación de procesos, lo que hace aún más compleja esta investigación que llega en este a 300 tomos. Además, no se toma en cuenta que existe en el mismo proceso un Amparo de Garantías Constitucionales en contra de la orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción donde se solicita información de cuentas bancarias de los hijos del expresidente Martinelli, que tiene mas de seis meses sin ser resuelto.
Mientras el Órgano Judicial establece limites a las investigaciones de las Fiscalías especializadas en casos complejos, lo sorprendente es como pasan los meses y en 17 de los 20 casos de corrupción, a los que damos seguimiento, se ha concluido la investigación desde hace más de 15 meses y los procesos siguen esperando fecha de audiencia preliminar.
Finalmente, un juez debe ser neutral pero no indiferente ante la lucha contra la corrupción. Necesitamos jueces conscientes de la gravedad de los delitos que investigan y del impacto que estos tienen para la sociedad. El país necesita Fiscales y Jueces de la República que demuestren un compromiso claro contra la corrupción.
Como lo hemos dicho en otras ocasiones esperamos que el Ministerio Público actúe con transparencia, informe a la ciudadanía sobre los avances en las investigaciones e informe al más alto nivel del órgano Judicial y la Comisión de Estado por la Justicia los obstáculos y dificultades normativas que se tienen para la investigación y juzgamiento de los delitos de corrupción y crimen organizado. No nos parece que las conferencias de prensa alarmando a la población sea el medio más idóneo y apropiado.
Frente a la desconfianza ciudadana que existe en las instituciones de justicia, nuestra petición sigue siendo: "COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD"
Panamá, 31 de octubre de 2017
¡Exigimos Justicia Nomás Impunidad!
