Nota: La CGTP, forma parte activa del Frente por la Defensa de la Democracia y suscribe, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que componen esta agrupación, el presente comunicado.
La derrota electoral de la dictadura civil de Ricardo Martinelli generó enormes expectativas
relacionadas con la ampliación de las libertades democráticas, la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción, poner freno a la bochornosa impunidad y la reorientación de las políticas publicas hacia la satisfacción de las necesidades más urgentes del pueblo panameño. A solo dos años de gobierno todas esas expectativas se han visto defraudadas y en muchos casos simplemente traicionadas por el incumplimiento desvergonzado de las promesas que se dieron como realizadas de buena fe.
No se trata de exigir lo imposible ni de negar las acciones gubernamentales correctamente orientadas, tal como puede ser el masivo proyecto de viviendas sociales impulsado por el gobierno. Por el contrario, la paciencia del pueblo y la prolongada “luna de miel” política ha durado dos años. Ahora la decepción y los justos reclamos constituyen el clima político y social que se palpa por doquier se mire o se consulte, lo que, además, viene contundentemente reflejado en las encuestas. Así podemos constatar en la encuesta Dichter&Neira del mes de junio que la aprobación del presidente Varela es de tan solo de un 37%, dos puntos menos del porcentaje por el que fuera elegido en las pasadas elecciones. Pero ahora no se trata de un torneo electoral en que las valoraciones se presentan divididas en función del número de candidatos.
En la actual coyuntura un abultado 56% de los ciudadanos considera mala o muy mala su gestión. Y no sirve de paliativo descargar sobre los otros órganos de gobierno la censura del pueblo, puesto que él y sólo él es el presidente de todos los panameños y responsable por tanto de la marcha del país. No es de extrañar entonces que el 76% de la población considere que tenemos un gobierno con ninguna o poca transparencia, y como prueba ahí tenemos la ya conocida como “Ley Odebrecht de Contrataciones Públicas”, o el descarado manto de impunidad que protege a la firma Mossak/Fonseca, o los funcionarios señalados por la opinión publica como corruptos, a los cuales ni siquiera se les indaga, o se les da casa o país por cárcel.
Por otra parte, solo el 27% de la ciudadanía considera que la Asamblea de Diputados es independiente del Ejecutivo y un escaso 26% valora como independiente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tales valoraciones son el resultado del “perdón” para los más de 400 millones que se embolsaron los “honorables” durante el pasado gobierno y del arrastrómetro con el que se mide la entrega de unos y el silencio político de los otros.
En cuanto a la CSJ, su sometimiento a los dictados del Ejecutivo no requiere de mayor ejemplo que la permanencia y reelección de José Ayú Prado como presidente de tan desprestigiado organismo. Abucheado ahí donde asoma la cabeza, recibe el abrumador rechazo como si de una salva de aplausos se tratara. Debe quizá sentirse orgulloso de los fallos escandalosos emitidos por jueces venales que no dejan de ser sus subalternos.
El descrédito y la decepción han alcanzado tales niveles que solo un 22% de la población considera que el Metrobus mejorará, siendo ese medio de transporte el responsable de que cientos de miles de panameños deban invertir no menos de cuatro horas diarias en el ir y venir a sus puestos de trabajo. ¡ Un verdadero crimen contra los asalariados ¡ Que no nos engañen más con la truculencia del diálogo tramposo. Dos años después no han resuelto el conflicto generado por la Hidroeléctrica de Barro Blanco, pese a la palabra previamente empeñada, que hoy entendemos carente de valor, a sabiendas de que solo un 33% de los ciudadanos da su apoyo a mantener en el proyecto a la depredadora empresa Genisa.
Más grave aún es el desamparo del sistema de salud, donde las políticas gubernamentales conspiran contra las necesidades de la población y contra los esfuerzos de abnegados médicos, enfermeras, y demás trabajadores del sector que se esfuerzan por servir, careciendo las más de las veces de los medios más elementales. No menos podemos señalar de la situación de la educación a todos los niveles, que soporta en el Siglo XXI centenares de “escuelas rancho” e innumerables multigrado, por no hablar del colapso de la infraestructura escolar. Mientras crece el Producto Interno Bruto (PIB) al 6%, la masa salarial se contrae y el porcentaje del que se apropia el capital crece abrumadoramente, agravando la desigualdad a extremos intolerables.
Debemos poner fin a este régimen político generador de corrupción, impunidad y pobreza. Por ello llamamos a impulsar todas las luchas reivindicativas, de manera de ir poniendo en pie el bloque sociopolítico capaz de encabezar y dirigir una constituyente que alumbre un nuevo Estado.
Edgardo Voitier | Coordinador General
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